Convocan a premio de periodismo

Aunque tarde, pero va la síntesis del día sobre los medios:

Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter
Instituciones alemanas convocan a periodistas en México para que participen en la primera edición del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Los interesados deberán enviar trabajos periodísticos del año 2006 en adelante publicados en medios mexicanos (impresos, internet, radio, TV), los cuales deberán abordar temas relacionados con Alemania y sus relaciones bilaterales con México, así como cualquier asunto que explore los vínculos entre ambos países en el ámbito político, cultural, económico y social. También podrán inscribirse fotografías y caricaturas. Los trabajos más sobresalientes serán seleccionados por un jurado independiente, presidido este año por Carmen Aristegui e integrado por Richard Bauer (corresponsal del Neue Züricher Zeitung), Lucía Lagunes (CIMAC), Björn Lisker (CAMEXA), Martina Klumpp (embajada de Alemania en México), José María Pérez Gay (escritor), Markus Rick (Goethe-Institut Mexiko), Beatriz Solís (AMEDI, UAM Xochimilco) y Wolf – Dieter Vogel (periodista free lance).
Redacción, UNI 13


Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió su recomendación 33/2007 al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por la agresión que recibieron tres periodistas por agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, en Ciudad Juárez. De acuerdo con el organismo, los agentes golpearon a los periodistas Eugenia Cícero Rivera y Aurelio Suárez Núñez, reporteros del periódico vespertino PM, y Jaime Murrieta Briones, reportero gráfico de El Diario, dañaron sus vehículos y robaron sus cámaras fotográficas. La agresión ocurrió cuando los comunicadores daban cobertura periodística y trataban de documentar fotográficamente a aproximadamente 20 personas, entre ellas varios policías, que ingerían bebidas alcohólicas y escandalizaban en la vía pública.
María de la Luz González, UNI 22


Reforma Electoral
La petición de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de convocar a un referendo sobre la reforma a la ley electoral es inviable, señaló el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien precisó que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tampoco está facultado legalmente para vetar dicha legislación. Entrevistado en el Palacio Nacional al término del desfile militar por el 197 aniversario del inicio de la gesta de Independencia, Ramírez Acuña desechó la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular sobre las modificaciones al marco legal electoral, al dejar en claro que ese tipo de sondeo no está previsto en la legislación federal.
Jesús Aranda, JOR 1

El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, negó que encabece, o que siquiera exista, un grupo de mandatarios que trate de frenar la reforma electoral desde los estados porque afecta sus intereses. Eso, dijo, son “simples especulaciones”. Señaló que acatará la decisión de los diputados mexiquenses sea cual sea y advirtió que la reforma electoral no prohíbe la publicidad institucional, que resulta indispensable para comunicarse con la gente y darle a conocer lo que el gobierno hace con sus recursos. El fin de semana pasado, tras la aprobación de la reforma electoral que restringe la propaganda electoral a los tiempos del Estado, legisladores indicaron que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión buscaba frenar las enmiendas en los congresos estatales con el apoyo de gobernadores, encabezados por Peña Nieto. No obstante, el priista negó la versión y sostuvo que las modificaciones constitucionales no le impiden publicitar a su gobierno.
Claudia Hidalgo, MIL 6

Revela la encuesta de Milenio, realizada el 15 de Septiembre a 500 personas mayores de 18 años seleccionadas que 55% de los entrevistados tienen peor opinión de los senadores y diputados tras la reforma electoral; 47% esta en contra de que los partidos tengan espacios cada hora en los medios.
María de las Heras, MIL 1

Eduardo Sánchez Hernández, actual diputado priísta y ex vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), justifica la renovación escalonada de los consejeros del IFE. Con fecha del 6 de febrero de 2007, presentó una iniciativa de reformas que modificaría la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para fortalecer al organismo electoral. La propuesta forma parte del expediente de las comisiones unidas de la Cámara de Diputados que revisaron y aprobaron la reforma constitucional en materia electoral. Incorporaron su documento porque ha ocupado diversos cargos dentro de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, con una posición distinta a la que ahora tiene la CIRT.
Arturo Zárate, UNI 16


Cadena Nacional
Sin que se tratara de una cadena nacional, algunas estaciones de radio y televisión transmitieron tanto la ceremonia del Grito de Independencia como el desfile militar que encabezó el presidente Felipe Calderón Hinojosa desde el palco central de Palacio Nacional.
Las señales televisivas fueron producidas por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y las radiodifusoras y televisoras nacionales estuvieron en libertad de tomarlas y difundirlas o abstenerse de hacerlo. En los casos cuando se trata de una cadena nacional se notifica de manera oficial a las empresas de radio y televisión y la señal entra de manera automática, dentro de los tiempos oficiales de los que por ley dispone el gobierno. El Grito y el desfile, sin embargo, fueron difundidos por los canales 2, 5, 7, 11, 13 y 28, entre otros, lo mismo que por numerosas emisoras de radio, por decisión de las propias empresas, pues no existía obligación legal de hacerlo.
Redacción, CRO 5

Por qué radio y TV pagan en especie

Las razones de este asunto las explica Enrique Quintana en sus Coordenadas de este día en Reforma:

La historia de esta singular tributación fue contada por Antonio Ortiz Mena en su libro sobre el "desarrollo estabilizador".

Tras los acontecimientos de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien no se sintió respaldado por los medios electrónicos, pretendió la imposición de un impuesto de 25 por ciento a los ingresos brutos de la radio y la televisión.

La propuesta se incluyó en el proyecto de la Ley de Ingresos para 1969 que Hacienda envió al Congreso.

Desde que se diseñó el impuesto, de acuerdo con su propio autor, Ortiz Mena, la idea era negociar para cobrarlo en especie.

De las negociaciones que el gobierno sostuvo, principalmente con Televicentro, instruyó a que la empresa produjera sus propios noticieros en lugar de comprarlos a los periódicos, que eran menos controlables.

De hecho, Díaz Ordaz "sugirió" que el encargado del proyecto en Televicentro fuera Miguel Alemán Velasco.

La negociación concluyó que los concesionarios de la radio y la televisión pagaran un impuesto "por servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la Nación, cuando la actividad del concesionario esté declarada expresamente de interés público por la ley".

Más allá del galimatías jurídico, lo que había en el fondo era la determinación del Gobierno de Díaz Ordaz era que si los empresarios de la radio y la televisión podían hacer negocios por las concesiones que les había regalado, tenían que servirlo.

El resultado fue el previsto por Ortiz Mena: el derecho, por parte del Estado, a usar hasta 12.5 por ciento del tiempo de transmisión, es decir, 7.5 minutos de cada hora.

En términos del volumen total diario, esto significaba hasta 180 minutos al día.

La práctica regular condujo a que -por muchos años- los concesionarios decidieran la programación del tiempo oficial en función de su propio interés. Así, por ejemplo, había horarios en los que virtualmente no había publicidad oficial, y otros -como las madrugadas- en los que se programaba casi todo el material entregado por el gobierno.

Las concesiones se siguieron otorgando de modo completamente discrecional, usualmente, en función de la cercanía de los solicitantes con los funcionarios en turno.

Este marco regulatorio permaneció vigente hasta el último trimestre de 2002, cuando, a instancias de la CIRT, y específicamente de Televisa, se emitió un reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley de la Industria Cinematográfica.

El artículo 15 de ese reglamento ratificó que los concesionarios (o permisionarios) de la radio y la televisión deberían conceder el llamado "tiempo de estado", que es de 30 minutos diarios.

Pero además, Hacienda modificó el impuesto de 12.5 por ciento y se estableció la obligación de las televisoras de dar 18 minutos diarios (en lugar de 180) y 35 minutos en el caso de la radio.

Pero, el cambio implicó que los minutos correspondientes deberían distribuirse proporcionalmente en el horario de las 6 a las 24 horas, lo que implica un minuto por cada hora en la televisión (el tiempo de tres spots de 20 segundos cada hora) y de 116.6 segundos (casi dos minutos) por hora en la radio, es decir, el espacio para 5.8 spots de 20 segundos cada hora.

En esta negociación, el Gobierno perdió minutos que podría usar pues de 180, dejó a las televisoras en 18 y a las estaciones de radio en 35.

Y lo que ganó, fue la obligación de que los spots oficiales se transmitieran en horarios en los que no participaban previamente, particularmente en los de más audiencia.

La CIRT, en el 2002, festejó este reglamento y no reclamó la "expropiación" de los tiempos "premium" que se invadieron.

No es creíble que los empresarios de radio y TV, luego de 38 años, se hayan dado cuenta hasta ahora de que el Estado les "expropió" tiempos que pueden usarse comercialmente o que ahora sí reclamen la invasión de los horarios de más audiencia, cuando no lo hicieron en octubre de 2002.

La razón de que el Estado aplique un impuesto especial a la radio y TV deriva de la historia de esta industria, de su relación con el poder, y de la forma en que se han construido los negocios.

Hoy, simplemente están viviendo la consecuencia de un régimen que aceptaron por años, y que ahora no les gustó su uso en los procesos electorales, por la pérdida de dinero, pero sobre todo por la pérdida de poder.