Agustín Tello Espíndola, juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, fijó hasta el 20 de septiembre la audiencia constitucional del juicio, que es el paso previo necesario para dictar una sentencia en la que se determine si los Gobiernos federal y de cuatro Estados han violado derechos humanos al permitir las acciones del magisterio disidente.
"La fecha de audiencia que se menciona se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con fecha anterior a la señalada", explicó Tello.
Cabe mencionar que, a raíz de la nueva Ley de Amparo de 2013, la carga de trabajo para los juzgados en materia administrativa se ha incrementado, a grado tal que solo este año Tello Espíndola ha tenido que atender mil 255 demandas, que se suman a las acumuladas de años anteriores en las que hay sentencia o trámites pendientes.
La admisión de la demanda, en si misma, ya es un logro para la Coparmex, pues implica que el juez considera que el órgano empresarial sí tiene legitimación para reclamar por medio de un amparo la pasividad gubernamental ante protestas que, según los propios empresarios, han provocado pérdidas multimillonarias en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
Al admitir la demanda, Tello ordenó emplazar al Presidente de la República por medio de su Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, así como a los Gobiernos estatales, para que rindan sus informes justificados sobre las omisiones que se les atribuyen.
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Cabe mencionar que, a raíz de la nueva Ley de Amparo de 2013, la carga de trabajo para los juzgados en materia administrativa se ha incrementado, a grado tal que solo este año Tello Espíndola ha tenido que atender mil 255 demandas, que se suman a las acumuladas de años anteriores en las que hay sentencia o trámites pendientes.
La admisión de la demanda, en si misma, ya es un logro para la Coparmex, pues implica que el juez considera que el órgano empresarial sí tiene legitimación para reclamar por medio de un amparo la pasividad gubernamental ante protestas que, según los propios empresarios, han provocado pérdidas multimillonarias en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
Al admitir la demanda, Tello ordenó emplazar al Presidente de la República por medio de su Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, así como a los Gobiernos estatales, para que rindan sus informes justificados sobre las omisiones que se les atribuyen.
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