Así, al menos, lo explica Carlos Puig, en su columna de Milenio de este sábado, Historias del más allá;
Debo confesar mi alegría al escuchar la pataleta de los poderosos.
Cuando escucho que en Tv Azteca uno de esos lectores de teleprompter que se hacen pasar por informadores dijo que los medios (más que los senadores) son los verdaderos representantes legítimos de los ciudadanos, sonrío. Caradura llamó Ciro Gómez Leyva a los beneficiarios de un despojo protegido desde el poder amigo, que hoy chillan por unos centavos perdidos.
Mi alegría, sin embargo, dura poco.
Tengo la impresión de que el nuevo marco electoral aprobado por el Congreso mexicano podría resultar una bendición para medios de comunicación electrónicos y algunos comunicadores que trabajan en ellos.
Cuando un bien escasea, aumenta de valor; y durante una campaña electoral no hay bien más deseado que tiempo aire que alcance a miles y miles de posibles votantes. La nueva ley ha vuelto escaso lo que hasta ayer era abundante.
Por más que se quejen los concesionarios, los tiempos del Estado, repartidos entre los partidos políticos de manera proporcional no son nada comparado con lo que podía comprar y ha comprado la cargada billetera de la partidocracia.
Reducidos a disputarse, con intermediación del IFE, unos cuantos minutitos diarios, apretados en 90 días, los contendientes tendrán que apelar a los concesionarios de medios electrónicos y sus informadores. Unos segundos con López-Dóriga o Alatorre serán como agua en el desierto. Una entrevista con Ferriz o cobertura con Loret tendrán un valor diferente al que tuvieron en la campaña pasada.
No puede resultar sino simpático el alegato de que la nueva legislación nos pone a “la par de países con democracias mucho más avanzadas, como las europeas”. El bochornoso espectáculo público de los últimos días alrededor de las leyes electoral y fiscal, debería ser suficiente para confirmar —por si alguien tenía duda— que ni los legisladores, pero mucho menos los concesionarios tienen algo de europeo, más allá de sus casas en Madrid o París; o los puertos donde descansan sus yates.
Las leyes, creo, no cambian vicios.
No es que uno sea mal pensado, pero he escuchado que sobre todo en la radio, algunos partidos políticos pagaban, además de sus spots, espacios en los espacios informativos para sus candidatos. Que ciertas (muchas) entrevistas eran pagadas era un dato que se obviaba, por supuesto, ante el radioescucha.
¿Será que ahora, sin posibilidad de comprar spots para saturar el cuadrante, la entrevista con un candidato local en un programa noticioso de, digamos, Tabasco, tendrá un costo pagado por debajo de la mesa? No, claro que no: candidato, concesionario y comunicador se comportarán a la altura de nuestras leyes, que ahora son iguales a “las de democracias más avanzadas”.
¿Será que en el país de las gacetillas una nueva ley las eliminará?
Y más allá del dinero, porque ciertamente muchos informadores nunca han aceptado este arreglo, qué tal el nuevo poder que tiene los departamentos de noticias.
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