Por qué radio y TV pagan en especie

Las razones de este asunto las explica Enrique Quintana en sus Coordenadas de este día en Reforma:

La historia de esta singular tributación fue contada por Antonio Ortiz Mena en su libro sobre el "desarrollo estabilizador".

Tras los acontecimientos de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien no se sintió respaldado por los medios electrónicos, pretendió la imposición de un impuesto de 25 por ciento a los ingresos brutos de la radio y la televisión.

La propuesta se incluyó en el proyecto de la Ley de Ingresos para 1969 que Hacienda envió al Congreso.

Desde que se diseñó el impuesto, de acuerdo con su propio autor, Ortiz Mena, la idea era negociar para cobrarlo en especie.

De las negociaciones que el gobierno sostuvo, principalmente con Televicentro, instruyó a que la empresa produjera sus propios noticieros en lugar de comprarlos a los periódicos, que eran menos controlables.

De hecho, Díaz Ordaz "sugirió" que el encargado del proyecto en Televicentro fuera Miguel Alemán Velasco.

La negociación concluyó que los concesionarios de la radio y la televisión pagaran un impuesto "por servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la Nación, cuando la actividad del concesionario esté declarada expresamente de interés público por la ley".

Más allá del galimatías jurídico, lo que había en el fondo era la determinación del Gobierno de Díaz Ordaz era que si los empresarios de la radio y la televisión podían hacer negocios por las concesiones que les había regalado, tenían que servirlo.

El resultado fue el previsto por Ortiz Mena: el derecho, por parte del Estado, a usar hasta 12.5 por ciento del tiempo de transmisión, es decir, 7.5 minutos de cada hora.

En términos del volumen total diario, esto significaba hasta 180 minutos al día.

La práctica regular condujo a que -por muchos años- los concesionarios decidieran la programación del tiempo oficial en función de su propio interés. Así, por ejemplo, había horarios en los que virtualmente no había publicidad oficial, y otros -como las madrugadas- en los que se programaba casi todo el material entregado por el gobierno.

Las concesiones se siguieron otorgando de modo completamente discrecional, usualmente, en función de la cercanía de los solicitantes con los funcionarios en turno.

Este marco regulatorio permaneció vigente hasta el último trimestre de 2002, cuando, a instancias de la CIRT, y específicamente de Televisa, se emitió un reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley de la Industria Cinematográfica.

El artículo 15 de ese reglamento ratificó que los concesionarios (o permisionarios) de la radio y la televisión deberían conceder el llamado "tiempo de estado", que es de 30 minutos diarios.

Pero además, Hacienda modificó el impuesto de 12.5 por ciento y se estableció la obligación de las televisoras de dar 18 minutos diarios (en lugar de 180) y 35 minutos en el caso de la radio.

Pero, el cambio implicó que los minutos correspondientes deberían distribuirse proporcionalmente en el horario de las 6 a las 24 horas, lo que implica un minuto por cada hora en la televisión (el tiempo de tres spots de 20 segundos cada hora) y de 116.6 segundos (casi dos minutos) por hora en la radio, es decir, el espacio para 5.8 spots de 20 segundos cada hora.

En esta negociación, el Gobierno perdió minutos que podría usar pues de 180, dejó a las televisoras en 18 y a las estaciones de radio en 35.

Y lo que ganó, fue la obligación de que los spots oficiales se transmitieran en horarios en los que no participaban previamente, particularmente en los de más audiencia.

La CIRT, en el 2002, festejó este reglamento y no reclamó la "expropiación" de los tiempos "premium" que se invadieron.

No es creíble que los empresarios de radio y TV, luego de 38 años, se hayan dado cuenta hasta ahora de que el Estado les "expropió" tiempos que pueden usarse comercialmente o que ahora sí reclamen la invasión de los horarios de más audiencia, cuando no lo hicieron en octubre de 2002.

La razón de que el Estado aplique un impuesto especial a la radio y TV deriva de la historia de esta industria, de su relación con el poder, y de la forma en que se han construido los negocios.

Hoy, simplemente están viviendo la consecuencia de un régimen que aceptaron por años, y que ahora no les gustó su uso en los procesos electorales, por la pérdida de dinero, pero sobre todo por la pérdida de poder.