Oaxaca.— El joven se lleva las manos al rostro. Está desesperado. Su padre está preso injustamente, dice, y tiene a su familia en crisis económica y moral.
“Ya no sabemos qué hacer, hemos ido a tocar puertas; sólo nos queda esperar y crear conciencia al magistrado para que pueda juzgar conforme a derecho, pero también en sentido humanitario”, dice Heliodoro.
Su papá, un campesino zapoteca de Tlacolula de Matamoros, cumplió seis meses en prisión, acusado de matar tres conejos en un terreno de siembra, de propiedad comunal, y el Ministerio Público pide nueve años de cárcel.
Todo porque el predio forma parte de una zona federal protegida, donde hay vestigios arqueológicos y prehispánicos. Pese a que los abogados han planteado que no cometió el delito del que lo acusa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que no hay evidencias y que por ser indígena podría atenerse a algunos beneficios de la ley, el juez de la causa se niega a liberarlo, dice el joven.
Para ello, el juzgador requiere un dictamen antropológico, que tardará varios meses; además, pide una certificación de que no es un peligro para la sociedad, dictámenes que tienen un costo superior a 100 mil pesos.
“Estamos desesperados, atravesamos por una situación difícil, es un mal momento familiar. No entendemos por qué el afán de tener a una persona presa por tres conejos, cuando hay otras más peligrosas o que han cometido delitos graves”, dice Heliodoro Morales Soriano, hijo del campesino zapoteca.
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