Obviamente el periodista que investiga al narcotráfico tiene muchas posibilidades de ser amenazado, hostigado y en algunos casos, como Javier Valdez y Miroslava Breach, asesinados.
Y ahí sí el Estado tiene una responsabilidad grave porque no se trata solamente de salvaguardar la vida de un profesionista en particular, sino de la libertad de expresión.
El meollo del asunto
El deber del Estado no es únicamente dejar hablar, sino garantizar que nadie sufra represalias por lo que diga.
Ahí han fallado los sucesivos gobiernos de este siglo, pues no pueden proteger a los que con su trabajo incomodan al narco.
El último crimen político de un periodista, que yo recuerde, fue el 30 de mayo de 1984, cuando mataron a Manuel Buendía en la Ciudad de México.
No hubo impunidad. Pero de ahí en adelante prácticamente nadie que agreda o mate a un periodista ha sido castigado.
No se puede ser optimista porque la impunidad de los crímenes del narco se exhibe en fosas comunes con miles de cadáveres, o en el asesinato de defensores de derechos humanos o familiares de víctimas, que han quedado en la total impunidad.
El deber del Estado no es únicamente dejar hablar, sino garantizar que nadie sufra represalias por lo que diga.
Ahí han fallado los sucesivos gobiernos de este siglo, pues no pueden proteger a los que con su trabajo incomodan al narco.
El último crimen político de un periodista, que yo recuerde, fue el 30 de mayo de 1984, cuando mataron a Manuel Buendía en la Ciudad de México.
No hubo impunidad. Pero de ahí en adelante prácticamente nadie que agreda o mate a un periodista ha sido castigado.
No se puede ser optimista porque la impunidad de los crímenes del narco se exhibe en fosas comunes con miles de cadáveres, o en el asesinato de defensores de derechos humanos o familiares de víctimas, que han quedado en la total impunidad.
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