Sin embargo, no hay que dar de brincos porque alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos, tenga que rendir cuentas.
De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ante el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega, están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra.
Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores son mucho más elevadas frente a la posibilidad de que sea sentenciado.
El meollo del asunto
La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
Un análisis sobre las acusaciones, publicado por la edición impresa de Eje Central, establece errores en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario.
La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad.
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