Escribe Enrique Aranda este día en su columna de Excélsior, De naturaleza política:
Más pronto que tarde autoridades judiciales ecuatorianas pudieron entender que el verdadero propósito de los legisladores perredistas y petistas que les visitaron hace algunas semanas, más que conocer la causa que allá se sigue a Lucía Andrea Morett Álvarez —la mexicana sobreviviente al ataque del ejército colombiano contra un campamento guerrillero en marzo de 2007—, era ganar tiempo con miras a garantizar a ésta la inmunidad necesaria para evitar su eventual extradición y juicio por el delito de “atentado contra la seguridad del Estado de Ecuador” que se le imputa.
Al cierre de febrero, efectivamente, los diputados José Almazán y Armando Barreiro, así como los Cuauhtémoc (Sandoval y Velasco), visitaron Quito con el propósito de abogar por la inocencia de la supuesta estudiante que, tras permanecer por varios meses en Nicaragua, en calidad de asilada política, pudo volver al país para, ahora, ser promovida con el fin de integrar —por la vía plurinominal, obviamente— la LXI Legislatura federal o, al menos, la Asamblea capitalina, en lo que parece ser una maniobra orientada a evitar que sea juzgada en el exterior, sí, pero también aquí en México, donde se le acusa de “terrorismo internacional”.
Tan obvia y burda resulta la acción a favor de la activista, habría que decir, que ahora que estuvo en Ecuador en reuniones con el fiscal general de esa nación, Washington Pesantés, y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, el presidente del Consejo Consultivo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, denunciante aquí de “Lucía de las FARC”, asegura haber podido constatar que el proceso en su contra continúa adelante y que más pronto que tarde, otra vez, será liberada la solicitud formal de extradición para que allá responda a la justicia...
Que responda, diríamos, por la imputación de un delito que se sanciona con pena de 12 años de cárcel inconmutables y sin derecho a fianza o, como afirman quienes en México le denunciaron y empujan su proceso, que responda por un delito que le identifica como promotora de relaciones con una entidad guerrillera que, cual son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha sido señalada también como vínculo, y operadora inclusive, tanto de algunos de los cárteles mexicanos de la droga como de grupos de secuestradores, lo que no es poca cosa.
¿Qué —se pregunta entonces— detiene ahora el envío de la formal solicitud de extradición a las autoridades mexicanas? Simple: la entrega por parte de la Interpol México —vinculada con la Secretaría de Seguridad Pública federal a cargo de Genaro García Luna— de la ficha de Morett Álvarez, sus fotografías y huellas, solicitadas desde el pasado 9 de febrero… y con respecto a lo cual no existe registro alguno de respuesta.
Habrá pues que esperar para saber si en este caso es por la vía del Congreso que se garantiza la impunidad…
Al cierre de febrero, efectivamente, los diputados José Almazán y Armando Barreiro, así como los Cuauhtémoc (Sandoval y Velasco), visitaron Quito con el propósito de abogar por la inocencia de la supuesta estudiante que, tras permanecer por varios meses en Nicaragua, en calidad de asilada política, pudo volver al país para, ahora, ser promovida con el fin de integrar —por la vía plurinominal, obviamente— la LXI Legislatura federal o, al menos, la Asamblea capitalina, en lo que parece ser una maniobra orientada a evitar que sea juzgada en el exterior, sí, pero también aquí en México, donde se le acusa de “terrorismo internacional”.
Tan obvia y burda resulta la acción a favor de la activista, habría que decir, que ahora que estuvo en Ecuador en reuniones con el fiscal general de esa nación, Washington Pesantés, y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, el presidente del Consejo Consultivo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, denunciante aquí de “Lucía de las FARC”, asegura haber podido constatar que el proceso en su contra continúa adelante y que más pronto que tarde, otra vez, será liberada la solicitud formal de extradición para que allá responda a la justicia...
Que responda, diríamos, por la imputación de un delito que se sanciona con pena de 12 años de cárcel inconmutables y sin derecho a fianza o, como afirman quienes en México le denunciaron y empujan su proceso, que responda por un delito que le identifica como promotora de relaciones con una entidad guerrillera que, cual son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha sido señalada también como vínculo, y operadora inclusive, tanto de algunos de los cárteles mexicanos de la droga como de grupos de secuestradores, lo que no es poca cosa.
¿Qué —se pregunta entonces— detiene ahora el envío de la formal solicitud de extradición a las autoridades mexicanas? Simple: la entrega por parte de la Interpol México —vinculada con la Secretaría de Seguridad Pública federal a cargo de Genaro García Luna— de la ficha de Morett Álvarez, sus fotografías y huellas, solicitadas desde el pasado 9 de febrero… y con respecto a lo cual no existe registro alguno de respuesta.
Habrá pues que esperar para saber si en este caso es por la vía del Congreso que se garantiza la impunidad…
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