Ahora, el documento que respalda esa posición, que acusa a la jefe de Estado de delitos administrativos, subirá al plenario de la Cámara que deberá o no avalarlo el 9 de agosto.
En los medios parlamentarios descuentan que ese día será aprobado el dossier que la condena. Luego, entre el 25 y el 29 se hace el juicio, presidido por el titular de la Corte Suprema en conjunto con la cúpula del legislativo. El mismo 29 se realiza la votación final.
Nadie, a esta altura, cree que el juicio pueda ser favorable a Dilma. Las razones no se relacionan con las acusaciones en su contra que fueron desmontadas por los peritos llamados por el propio Senado.
Es decir, no existe una razón judicial para el proceso. Como dijo su aspirante a sucesor Michel Temer, ahora vicepresidente en ejercicio de la presidencia “se trata de un juzgamiento político y no jurídico”.
Lo mismo que había señalado el ex presidente Fernando Henrique Cardoso: se la derriba por los resultados de su gestion, no por un delito específico.
Por los cálculos previos, ya hay más de 41 senadores, la mitad más uno del cuerpo, que declararon su voto a favor de deponerla. Se precisan 54.
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