La tragedia derivada de la violencia institucionalizada es que mientras más dinero se destina a la seguridad, al mismo ritmo aumentan los crímenes de alto impacto.
El meollo del asunto
Según el documento referido arriba, uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad pública es que 87 por ciento se destina para gasto corriente (sueldos y prestaciones de seguridad social), gasto de operación (papelería y equipos de cómputo) y subsidios (ayudas de carácter social, fondos de pensiones y jubilaciones). Sólo el 12 por ciento se aplica a la compra de patrullas, armamento de vanguardia, comunicación móvil, tecnología para la policía investigadora e infraestructura para centros de readaptación social y juzgados, entre otros rubros.
Al paso que vamos, 2017 cerrará con más de 24 mil homicidios, porque las causas fundamentales de la violencia y las fallas estructurales para combatirla difícilmente van a mejorar.
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