Enfrentamiento en Quecholac descubre la complicidad entre población y huachicoleros

Francisco Garfias en su columna Arsenal, de Excélsior, narra que los llaman “halconcitos”. Son apenas adolescentes. Trabajan para el crimen organizado. Ganan entre 10 y 12 mil pesos al mes por alertar a los malosos, que roban combustible, de cualquier movimiento de las fuerzas federales, según Diódoro Carrasco, secretario de Gobierno en Puebla.
Trabajan en los siete municipios poblanos del llamado “Triángulo Rojo”, por donde pasa el poliducto Minatitlán-Estado de México, que abastece de combustible al centro del país.
Uno de esos municipios es Quecholac, escenario de los violentos enfrentamientos, ayer, entre militares y huachicoleros. Hubo diez muertos —cuatro soldados y seis delincuentes—, 11 heridos y 14 detenidos. 

El meollo del asunto

Lamentablemente, el sangriento episodio dejó al descubierto que una parte de los pobladores del citado municipio es cómplice del crimen organizado. Es el caso de pobladores de Palmarito Tochapan.
Bloquearon durante horas la autopista Orizaba-Puebla para denunciar la “desaparición” de 13 personas y exigir, fíjese nomás, la salida de las fuerzas federales de la zona y el cese de los operativos.
En otras palabras, les pidieron a las autoridades locales y federales que “abran cancha” para que los huachicoleros se roben tranquilamente el combustible, que después revenden por debajo de los precios oficiales.
Es lo que se llama “la contaminación de la población”: trabajadores que en la mañana son choferes, albañiles, electricistas, en la tarde se convierten en huachicoleros.

Aquí la columna

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