El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienza a desdibujarse en su implementación a nivel estatal, asegura Reforma.
Hace un año, al promulgarse las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema sólido de combate a este flagelo. Reunidos en Palacio Nacional, el Presidente, los legisladores, ministros y gobernadores aseguraron que el combate a la corrupción se basaría en "instituciones fuertes y autónomas".
Avanza con dificultades
Un año después, a punto de vencerse el plazo para la implementación del sistema, el Senado no ha nombrado aún al fiscal anticorrupción a nivel nacional, ni ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.
Además, la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) avanza con dificultades.
Dos estados (Veracruz y Chihuahua) no han hecho la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo.
Hasta ahora, sólo ocho estados han llevado a cabo nombramientos claves como parte del proceso de implementación de los SLA.
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