Enrique Aranda en su columna De Naturaleza Política, de Excélsior, opina que si bien la decisión de privilegiar el diálogo sobre el uso (legítimo) de la fuerza en la confrontación con los maestros-vándalos y activistas (desestabilizadores) que les acompañan, evidencia un gobierno prudente y deseoso de no ahondar una crisis ya de suyo preocupante, nada parece más sensato que rescatar, igualmente, el legítimo derecho de otros sectores sociales, el empresarial en particular —por no insistir en el de miles de niños y jóvenes a recibir educación de calidad—, a gozar de garantías mínimas para el pleno desarrollo de sus actividades.
El meollo del asunto
Son cientos de millones de pesos, cuando no miles, a decir de voceros de la Coparmex, de Gustavo de Hoyos, del CCE, de Juan Pablo Castañón, o de la Concanaco, de Enrique Solana, entre otros, los que se han perdido debido a las ilegales acciones de quienes, por otra parte, parecen jugar con el gobierno al (clásico) juego del gato con el ratón… aceptando las exigencias de aquél o elevando las propias a conveniencia.
La interrogante es dual: ¿hasta cuándo?¿hasta dónde? y el reclamo, que igual se repite en ámbitos distintos al sector privado, uno solo: ¡Basta ya!...
Aquí la columna
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