“Qué bueno que ya se va el GIEI”, dijo un alto funcionario peñista sin poder ocultar la pesadilla en la que se convirtió tener ojos encima sin la posibilidad de controlarlos o manipularlos.
El meollo del asunto
Se quejaba que al pagarles dos millones de dólares al mes por la coadyuvancia en el caso, los expertos estaban obligados a informar sus hallazgos y opiniones al gobierno mexicano antes que a nadie, que podía, a su vez, censurarlos. Es incomprensible esa postura, pero al ser una opinión dentro del gobierno, se entiende por qué hubo un choque frontal contra los expertos y una descalificación sistemática a su trabajo.
Aquí la columna
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