El próximo lunes, el máximo tribunal podría determinar la obligación que deberían acatar los medios de comunicación para dar cabida al derecho de réplica de ciudadanos, políticos y funcionarios, ante informaciones periodísticas que éstos consideren atentatorias a su honra, imagen e intereses.
Dicho de otro modo, la libertad de expresión quedaría coartada por la libertad de replicar no sólo cuando algún aludido sufra a causa de una falsedad o inexactitud informativa, sino también cuando lo revelado sea absolutamente veraz, pero resulte infamante a juicio del quejoso.
Qué peligroso resulta confrontar el respeto absoluto a la libre expresión con la imposición de condiciones rigurosas a los contenidos informativos en los medios de comunicación, derecho que no debería ser coartado, más allá de los límites que marcan la Constitución y los tratados internacionales.
El derecho de réplica —si se aprueba el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán— limitaría el ejercicio periodístico profesional a una barandilla burocrática interminable.
Aquí la columna
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