Resulta que la redacción del artículo 94 obligará al gobierno de la Ciudad a utilizar el impuesto predial de manera racional y no a conveniencia de sospechosos intereses políticos y económicos en beneficio directo de las aspiraciones de la autoridad, encarnada por Miguel Ángel Mancera, o peor aún, para otorgar más beneficios a los intereses de poderosos desarrolladores urbanos.
El meollo del asunto
El problema estalla cuando el mamotreto habla de captar la plusvalía de los inmuebles para defender y mejorar el espacio público.
Después del madrugón que nos quería dar la Asamblea Constituyente con su artículo 21, para “morder” un cacho de la plusvalía a los propietarios inmobiliarios, Mancera vio venir un cataclismo social y hubo de recular; sugirió, respetuosamente, borrar toda sombra de duda, interpretada como un nuevo impuesto.
Quienes se sienten afectados hablan de otro atraco, corrupción, ratería, hasta de medidas comunistoides, al estilo de Cuba o la extinta Unión Soviética. Iracundos, suspicaces afirman que Mancera quiere su “cochinito” para la campaña… y eso daña.
Aquí la columna
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