Ese polémico artículo, que le atrajo una cascada de duras críticas en redes sociales y encendió los focos rojos entre los capitalinos, dice, textual:
“Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la Ciudad. La Ley regulará su aprovechamiento para restablecer los ecosistemas y las zonas degradadas de la Ciudad”.
A la oposición le pusieron el balón y chutó con fuerza. El senador panista Ernesto Cordero, constituyente, lo etiquetó como un nuevo impuesto confiscatorio al puro estilo de “la Unión Soviética”.
La pésima redacción del citado artículo permitió a los adversarios políticos difundir la versión de que el Gobierno de la Ciudad confiscaría la plusvalía de casas, departamentos, locales, edificios…
Aquí la columna
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