Y eso que no hace muchos días Petróleos Mexicanos (Pemex) le rescindió cuatro contratos por los cuales operaba igual número de estaciones de servicio: dos en Palmar de Bravo, una más en Tecamachalco y una cuarta en Amozoc.
La decisión de Pemex de rescindir los contratos de las cuatro gasolinerías de Pedro Morales fue resultado de una investigación conjunta del SAT y la PGR, a partir de la cual se concluyó que esas estaciones operaban de manera ilegal pues no podía ser que vendieran más litros de lo que estaban recibiendo de la paraestatal.
La duda salta: ¿por qué si el SAT, la PGR y Pemex ya vieron que las gasolinerías del edil de Palmar de Bravo están ligadas a la mafia del huachicol, por qué la Fiscalía de Puebla y el Congreso del estado no se han preocupado por investigar y suspender a Pablo Morales Ugalde de sus funciones?
¿No será que se hacen de la vista gorda para que nadie recuerde la cercanía y buenas relaciones del munícipe de Palmar de Bravo con el hoy ex gobernador Rafael Moreno Valle.?
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