El llamado de los expertos se produce a un mes de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló en una investigación que existen elementos para considerar que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto habrían utilizado el spyware denominado "Pegasus" para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016.
“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”, afirmaron los expertos.
Los afectados
El posicionamiento es suscrito por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad.
De acuerdo con los reportes difundidos, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Entre los periodistas afectados están Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como el hijo de la primera, que cuando se dio el espionaje era menor de edad. Al igual que miembros del PAN.
El posicionamiento es suscrito por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad.
De acuerdo con los reportes difundidos, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
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Aquí la información en La Jornada
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