El proceso afectará a 80 curas y 500 religiosos y laicos de la diócesis que realizan o pueden empezar a realizar sus funciones en las que se relacionen con menores de edad.
Según afirma Víctor Espinosa, secretario general y canciller del obispado, la ley de protección es aplicada por el obispo solo a la infancia y adolescencia, que obliga a obtener el certificado negativo del registro central de delitos sexuales a las personas que "realicen tareas pastorales con menores de 0 a 17 años".
Hasta septiembre, delegaciones y servicios pastorales van a entregar la documentación a la Secretaria General del Obispado, lo que pondrá en marcha una petición conjunta para obtener los certificados. Espinosa ha indicado que "mayoría de obispados se someterán a esta ley", pero al Obispado de Lérida le "enorgullece ser el primero que anuncia y obliga a realizar este certificado".
Los religiosos que no tienen antecedentes por este tipo de conductas continuarán con sus funciones, mientras que aquellos que estuvieron involucrados en casos de pedofilia serán informados de que "no están en condiciones de trabajar con menores" y serán apartados de sus cargos.
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Los religiosos que no tienen antecedentes por este tipo de conductas continuarán con sus funciones, mientras que aquellos que estuvieron involucrados en casos de pedofilia serán informados de que "no están en condiciones de trabajar con menores" y serán apartados de sus cargos.
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