Esta legislación en responsabilidades administrativas, apuntó Ada Irma Cruz, presidenta local del organismo empresarial, es una absurda al obligar a que administradores y trabajadores hagan pública su declaración patrimonial.
Además, reprochó, queda incompleta si no se hacen públicas las declaraciones de los funcionarios, demanda central de las propuestas ciudadanas.
Cruz consideró que el sistema anticorrupción incumple su objetivo.
"Es decepcionante para el sector y la sociedad que impulsó una de las propuestas ciudadanas con mayor apoyo social y que marcó un precedente en la participación de la sociedad civil", dijo.
Por ello, invitó al Presidente Enrique Peña Nieto a analizar los artículos 29 y 32 de Responsabilidades Administrativas, que establecen que las declaraciones sean parcialmente públicas al criterio del comité de participación ciudadana, y donde los empresarios deben declarar.
El director general de la Canacope, Enrique Guerrero, dijo que el que trabajadores y administradores tengan que hacer pública su declaración representa una amenaza a su seguridad y la de sus bienes, por lo que puede limitar la participación de empresas en licitaciones y programas de gobierno.
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Cruz consideró que el sistema anticorrupción incumple su objetivo.
"Es decepcionante para el sector y la sociedad que impulsó una de las propuestas ciudadanas con mayor apoyo social y que marcó un precedente en la participación de la sociedad civil", dijo.
Por ello, invitó al Presidente Enrique Peña Nieto a analizar los artículos 29 y 32 de Responsabilidades Administrativas, que establecen que las declaraciones sean parcialmente públicas al criterio del comité de participación ciudadana, y donde los empresarios deben declarar.
El director general de la Canacope, Enrique Guerrero, dijo que el que trabajadores y administradores tengan que hacer pública su declaración representa una amenaza a su seguridad y la de sus bienes, por lo que puede limitar la participación de empresas en licitaciones y programas de gobierno.
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