El inicio de un proceso de responsabilidades en contra del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez por presuntas irregularidades detectadas en el tercer año de su gestión por 411 millones 600 mil pesos muestra el uso del Congreso como garrote político en contra de quienes disienten o se rebelan de los dictados del gobernador Rafael Moreno Valle.
El meollo del asunto
Tal procedimiento es, en realidad una venganza, una vendetta política, en contra de quien rehusó someterse a su estilo autoritario y hoy amenaza la continuidad de su proyecto transexenal en 2018, para imponer a su esposa como candidata a la gubernatura de Puebla, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Este procedimiento, más político que administrativo, quizás logre su propósito —inhabilitar a Eduardo Rivera como potencial candidato—, pero no sin consecuencias para el gobernador saliente y su grupo político.
Tal procedimiento es, en realidad una venganza, una vendetta política, en contra de quien rehusó someterse a su estilo autoritario y hoy amenaza la continuidad de su proyecto transexenal en 2018, para imponer a su esposa como candidata a la gubernatura de Puebla, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Este procedimiento, más político que administrativo, quizás logre su propósito —inhabilitar a Eduardo Rivera como potencial candidato—, pero no sin consecuencias para el gobernador saliente y su grupo político.
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