Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero, de El Universal, relata que la desaparición de Javier Duarte dejó el sabor de que el gobierno lo había dejado ir.
Tomado ese pulso público, en las altas esferas del gobierno federal llegaron a la conclusión de que sería muy bueno aprehenderlo antes de las elecciones de junio, cuando se renuevan las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Consideraron que su detención restaría fuerza a las acusaciones contra el PRI por corrupción y daría discurso de defensa al régimen y a su partido: que si bien Duarte abusó, ya está preso.
El meollo del asunto
Según fuentes federales de inteligencia, a las que tuve acceso en distintos momentos de su investigación sobre el paradero del ex mandatario, se les complicó encontrarlo porque Duarte no usaba teléfonos celulares ni cuentas de internet que le tuvieran detectadas, permanecía casi incomunicado y sólo podían deducir su paradero a partir de los seguimientos a sus familiares, abogados y colaboradores.
En la urgencia por encontrarlo, la familia de Karime Macías, la controvertida esposa de Duarte, recibió una oferta del gobierno: que no irían contra ella ni su familia si les decían dónde estaba el ex gobernador.
Ello ha despertado la sospecha de que Duarte se entregó y no se sabe a cambio de qué. O bien que “lo puso” su esposa o su familia a cambio de que no fueran perseguidos.
Aquí la columna
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