En un informe de 132 páginas dirigido al presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri, Almagro pidió una sesión entre el 10 y el 20 de junio dedicada a la "alteración del orden constitucional" en Venezuela y cómo se afecta gravemente "el orden democrático" en ese país.
Almagro basó su pedido en el artículo 20 de la Carta Democrática, que otorga al Secretario General la autoridad para convocar reuniones inmediatas para "realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente".
De acuerdo con esa Carta, el Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".
Si esas gestiones fracasan, el Consejo Permanente puede convocar, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.
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De acuerdo con esa Carta, el Consejo Permanente puede disponer, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".
Si esas gestiones fracasan, el Consejo Permanente puede convocar, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.
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