El andamiaje institucional que plantea la iniciativa es absurdo, pues convierte a los servidores públicos en juez y parte del Sistema, y amaga a los ciudadanos interesados en participar, a través del Comité Estatal de Participación Ciudadana, con fincarles responsabilidades en términos del artículo 125 de la Constitución del estado.
El meollo del asunto
La iniciativa prevé que las autoridades se coordinen y pongan en funcionamiento un Sistema que prevenga, detecte, investigue y sancione las faltas administrativas y los hechos de corrupción de los servidores públicos por medio de un Comité Coordinador Estatal integradomayoritariamente por funcionarios.
De los siete miembros que lo integrarían, seis serían funcionarios: el auditor superior, el fiscal anticorrupción, el contralor, un magistrado de la Judicatura, el presidente de la CAIP, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. El séptimo saldría del Comité Estatal de Participación Ciudadana, pero sólo estaría en el cargo un año.
Así de ridícula está la iniciativa. Pero el esperpento va más allá.
Aquí la columna
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