El Estado, sin capacidad para aplicar la ley; la negocia con quienes la han violado

Héctor Aguilar Camín en su columna Día con día, de Milenio, apunta que la obligación primera del Estado democrático es garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos mediante la aplicación de la ley y con respeto a los derechos humanos.
La aplicación de la ley requiere voluntad política pero la voluntad política requiere instrumentos de gobierno. No basta con querer aplicar la ley, hay que poder aplicarla.

El meollo del asunto

La capacidad de aplicar la ley del Estado mexicano encuentra muy rápido sus límites. El gobierno renuncia pronto a los medios de coerción legal y se entrega a la negociación política, lo cual no significa en el fondo sino que negocia la ley con quienes la han violado.
Para contener la movilización que ha paralizado en estas semanas a Oaxaca, Chiapas y a parte de Guerrero y Michoacán, el Estado no tiene policías suficientes. Hubiera necesitado, según cálculos de gente enterada, 30 mil efectivos, pero no hay disponible esa cantidad de policías federales. Habría tenido que echar mano del Ejército.
Aquí la columna

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